Las ONG de Acción Social demandan la mejora de los sistemas de financiación, en un contexto de crisis donde más de 9.000.000 de personas, en situación de necesidad social, son atendidas por el Tercer Sector.
Desde la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma de Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español y el CERMI han presentado a los partidos políticos, ante las próximas elecciones generales, un documentos de propuestas que permita mejorar la situación de más de 9 millones de personas que dependen de la atención directa de las ONG de Acción Social en España.
El documento presentado apuesta por un nuevo marco legislativo más acorde con la realidad del sector, de modo que se establece como necesaria la elaboración de una Ley del Tercer Sector que reconozca a las ONG como agente social.
Las ONG precisan un nuevo marco legal para poder sobrevivir y mantener, a largo plazo, una labor que es imprescindible para la sociedad. Una labor que actualmente, en España, realizan un total de 29.000 entidades en las que trabajan 500.000 personas remuneradas, es decir, un 2,5 del empleo de nuestro país, y cerca de 900.000 personas voluntarias que prestan servicios de apoyo directo a 9.000.000 personas procedentes de los colectivos desfavorecidos, a los que sin el apoyo de las ONG, el Estado difícilmente podría atender.
La crisis económica ha provocado una disminución del número de proyectos sociales que benefician a las personas más desfavorecidas. Por esta razón, se reivindica que en los presupuestos generales del Estado se incluya una partida destinada al desarrollo de programas de acción social, así como una mejora del sistema de financiación de las ONG. La actividad económica del Tercer Sector de Acción Social representa en la actualidad el 1,7% del PIB.