El 20 de junio se conmemora el día de las personas refugiadas. El objetivo de este día es fomentar la comprensión y empatía hacia las situaciones que viven las personas refugiadas y desplazadas. Es una fecha que también permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas.
La condición de refugio, se otorga a personas que, debido a temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual, se encuentran fuera de su país de origen y no pueden o no desean regresar. Esto incluye a apátridas en situación similar, según la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria.
Las personas refugiadas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y urgencia, distinta a la de otras personas migrantes, debido a las persecuciones y riesgos que enfrentan en sus países de origen. Es crucial reconocer y abordar sus necesidades específicas de protección y asistencia. Para una persona refugiada, no es posible volver a su lugar de origen, y negarles el asilo puede conllevar consecuencias mortales. Es fundamental recordar que detrás de cada solicitud de asilo hay una historia de vida marcada por la adversidad y la esperanza de encontrar un lugar seguro donde vivir.
Atrapadas en un laberinto burocrático
En el Día Internacional de las Personas Refugiadas, desde Pinardi nos unimos a la campaña desarrollada por las Plataformas Sociales Salesianas para hacer un llamamiento a la reflexión sobre las dificultades que enfrentan quienes buscan protección en nuestro país.
Sabemos que el camino hacia la integración no es fácil. El sistema actual presenta desafíos que pueden dificultar el acceso a derechos básicos como la vivienda, la sanidad o la educación: recursos económicos insuficientes, carga de trabajo, escasa formación de profesionales de la administración pública en materia de derechos humanos, migración y asilo, etc. Es importante reconocer estos obstáculos y trabajar juntas para encontrar soluciones que faciliten el proceso de acogida y protección.
Mediante la campaña «Refugio: una llamada pendiente» queremos reforzar la idea de urgencia y la necesidad de acción inmediata. La «llamada pendiente» representa la solicitud de asilo que espera ser atendida, y pone de manifiesto la responsabilidad del sistema para responder a esta demanda de protección.
Acceso al procedimiento de asilo
Las personas necesitadas de protección internacional se enfrentan a grandes demoras a la hora de poder acceder a una cita para formalizar sus solicitudes. Estas situaciones impiden que las personas solicitantes accedan a derechos básicos, dejándolas, a menudo en situación de especial vulnerabilidad.
Infracción de Normativas Europeas: España está incumpliendo la Directiva de Procedimientos (2013/32/UE), que establece que las solicitudes de asilo deben ser registradas dentro de tres días hábiles. La falta de cumplimiento tiene graves consecuencias en la vida de las personas solicitantes, quienes permanecen en irregularidad administrativa, sin documentación y sin acceso a recursos públicos.
Obstáculos para la obtención de citas y realización de trámites
El colapso del sistema de citas telemáticas y los plazos breves para subsanar documentación (10 días) dificultan enormemente los trámites. Las denegaciones de empadronamiento por motivos no legales (por ejemplo, la no aceptación de pasaportes o la falta de contrato de alquiler) agravan la situación, especialmente en ciudades como Madrid o Alicante. Esta situación ha generado un mercado ilegal de citas y documentación.
Acceso a la protección internacional
Las citas telemáticas para solicitar asilo son insuficientes y, salvo en Melilla y Las Palmas, casi siempre están «no disponibles». Esto ha llevado a un mercado ilegal donde las citas se venden por precios que oscilan entre 50 y 500 euros en portales de compra – venta.
Acumulación de expedientes
La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) acumula más de 100,000 expedientes sin resolver, exacerbando los retrasos y la incertidumbre para los solicitantes.
Exclusión económico-financiera
Las entidades bancarias suelen negar la apertura de cuentas básicas a solicitantes de asilo y migrantes en situación de vulnerabilidad, incumpliendo la normativa vigente. Estas prácticas incluyen la no aceptación de la tarjeta roja, que es el documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación, y la exigencia de documentación adicional como empadronamiento o contrato de alquiler.
Sin una cuenta bancaria, no se puede acceder a servicios básicos, firmar contratos de trabajo, ni recibir prestaciones sociales, lo que agrava su exclusión social y económica.
Brecha digital
La mayoría de procedimientos administrativos requieren medios electrónicos para su solicitud, lo cual es un obstáculo para quienes carecen de acceso a herramientas digitales y/o asistencia administrativa. La falta de traducción e interpretación especializada, junto con el desconocimiento del personal administrativo sobre la documentación de las personas refugiadas, agrava la situación.
Consecuencias de los obstáculos burocráticos y administrativos
Esta situación no solo vulnera sus derechos, sino que perpetúa su situación de vulnerabilidad. Sin acceso a recursos básicos, se ven abocadas a situaciones de exclusión social.
Círculo de multiexclusión: Las barreras burocráticas y administrativas impiden el ejercicio efectivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y perpetúan la vulnerabilidad de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Sin un empleo de calidad, no pueden acceder a una vivienda; sin vivienda, no pueden empadronarse ni acceder a atención sanitaria o educación.
Discriminación estructural: La discriminación estructural invisibiliza y menosprecia las necesidades de las personas solicitantes de asilo, colocándolas en un marco de multiexclusión. Los trámites administrativos, como el empadronamiento y la apertura de cuentas bancarias, son sistemáticamente denegados o retrasados, afectando directamente su capacidad de acceder a servicios básicos.
Impacto en la vida cotidiana: Las dificultades para obtener una tarjeta sanitaria, los retrasos en la escolarización de niños y niñas, y la falta de homologación de estudios impiden el acceso a un trabajo digno. La segregación laboral y la desatención de las necesidades de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas generan desigualdad.
Emergencia social: La imposibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada actúa como un efecto dominó, impidiendo el disfrute de casi todos los demás derechos, constituyendo una verdadera emergencia social.
